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Corredor de violencia: la frontera entre Guatemala y Honduras
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Corredor de violencia: la frontera entre Guatemala y Honduras

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Resumen Ejecutivo

Una de las áreas más peligrosas de América Central está ubicada a lo largo de la frontera de Guatemala con Honduras. La tasa de homicidios esta dentro de las más altas en el mundo. La ausencia de una efectiva aplicación de la ley ha permitido a traficantes poderosos ser las autoridades de hecho en algunas áreas, proporcionando trabajo y asistencia humanitaria pero también intimidando y corrompiendo a los funcionarios locales. La competencia creciente sobre las rutas y el arresto o muerte de los traficantes principales ha dispersado a algunos grupos criminales, fortaleciendo a nuevos grupos a menudo más violentos. El presidente Otto Pérez Molina ha prometido fortalecer las fronteras de Guatemala con fuerzas de tarea conjunta policiales y militares, pero el gobierno debe también emprender de inmediato esfuerzos integrales para instalar el estado de derecho y brindar oportunidades económicas a esta periferia largamente ignorada.

Durante la década anterior, las rutas de la droga a través de América Central comenzaron a ser objeto de una competencia feroz. La ofensiva del gobierno mexicano contra los carteles forzó a los traficantes a enviar las drogas primero a América Central. Honduras es frecuentemente el punto de entrada elegido. Allí, el golpe de estado de 2009 debilitó las ya frágiles instituciones públicas dedicadas a la seguridad y la justicia. Su larga costa atlántica y remotos llanos interiores, con poca población o infraestructura, ofrecen el ambiente ideal para que las naves y avionetas con drogas operen sin ser detectadas.

Desde Honduras, las drogas pasan a Guatemala, en donde redes familiares de traficantes que trabajan con carteles mexicanos las transportan por tierra hacia los mercados de los Estados Unidos. Estas redes han operado tradicionalmente por debajo del radar, corrompiendo funcionarios gubernamentales y cooptando apoyo popular, pero empezaron a ser atacadas como resultado de la lucha por las rutas y por la presión del gobierno. Fiscales fortalecidos, bajo el liderazgo de la ex fiscal general Claudia Paz y Paz, y la ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –auspiciada por las Naciones Unidas– arrestó tanto a los operadores mexicanos –especialmente a los miembros del violento cartel de los Zetas– y también a los traficantes guatemaltecos más importantes, requeridos por cargos en los Estados Unidos. La captura de estos capos locales de la droga ha sacudido a las otrora poderosas organizaciones, permitiendo el surgimiento de una nueva generación de criminales, a veces más violentos.

El arresto de los presuntos capos de la droga puede ser una bendición con resultados mixtos para los residentes de algunas de las comunidades fronterizas. Una de las redes más duramente golpeadas es la de la familia Lorenzana en el departamento de Zacapa. El patriarca familiar, Waldemar Lorenzana, fue detenido en 2011 y extraditado a los Estados Unidos en marzo de 2014. Las autoridades también arrestaron a dos de sus hijos por cargos en los Estados Unidos, mientras que un tercero es un fugitivo con una recompensa de $200,000 sobre su cabeza. Los Lorenzanas niegan que el tráfico de cocaína sea la fuente de su riqueza, citando sus negocios legítimos como la exportación de frutas. Algunos residentes de Zacapa se quejan de que las detenciones de Waldemar y de sus hijos ha producido pérdida de empleos y desatado una lucha entre grupos desprendidos que buscan la dominación.

Estos grupos, menos conocidos pero aún poderosos, continúan no solo moviendo las drogas pero también crean otras empresas ilegales, como los préstamos extorsivos y la venta al menudeo de las drogas, alimentando de esta manera la violencia. Su riqueza y poder de fuego los convierte en autoridades de hecho, admirados por algunos y temidos por muchos. Los residentes de los departamentos de Zacapa y Chiquimula asumen ha menudo que la policía y los políticos locales han sido sobornados o intimidados por estos poderosos criminales. Un clima de desconfianza mancha la política e inhibe a los periodistas y otros actores de la sociedad civil a exigir a los líderes locales una clara rendición de cuentas.

El gobierno de Pérez Molina ha creado fuerzas de tarea inter-institucionales para las áreas fronterizas que incluyen tropas militares, policía civil, fiscales y funcionarios de aduana. Este es un primer paso hacia la recuperación de la seguridad en la frontera, siempre y cuando las unidades estén bajo el control civil y respeten los derechos humanos. Instalar la seguridad en estas regiones, sin embargo, requiere también de la construcción de instituciones democráticas creíbles. La policía local debería ser depurada y supervisada, mientras que se les proporciona los recursos y el entrenamiento para arrestar a poderosos criminales. Se debería exigir a los políticos locales que informen de las contribuciones a sus campañas y proporcionar recursos públicos a fin de que sus electores puedan depender del gobierno, y no de capos criminales, para servicios esenciales y asistencia humanitaria.

Se requiere con urgencia un cambio en la política nacional: el gobierno debería enviar no solo tropas y policías a las regiones fronterizas, sino también educadores, organizadores comunitarios, trabajadores sociales, médicos y trabajadores de la salud. Guatemala y Honduras deberían aprender de las experiencias regionales, tales como los programas de desarrollo de fronteras en Colombia, Ecuador y Perú. Honduras, en donde los niveles de violencia son mayores y la capacidad institucional es más frágil, necesita con urgencia esta asistencia. Los donantes –especialmente los Estados Unidos– deberían poner sus recursos financieros, capacitación y asistencia técnica detrás de la seguridad pública y la prevención de la violencia en las fronteras, más que enfocarla primariamente en controles e interdicción.

Next to a sign reading "Rest in peace CICIG", people protest against the United Nations International Commission Against Impunity, CICIG, in Guatemala City on 8 January 2019. Noe Perez / AFP
Q&A / Latin America & Caribbean

Cae el telón sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

President Jimmy Morales has made good on his promise to shut down a UN-backed commission fighting rampant crime and impunity in Guatemala. Though it leaves a vital legacy, the commission’s exit risks strengthening the hand of criminal networks that operate with state complicity.

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¿Qué ocurrió?

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, hoy cierra sus puertas, doce años después de embarcarse en la misión de ayudar al país a judicializar delitos graves y apoyar el Estado de Derecho. La CICIG trabajó con las instituciones judiciales y de seguridad de Guatemala para desmantelar organizaciones criminales e impedir su colusión con funcionarios estatales. La expansión de estas redes criminales había contribuido a duplicar las tasas de homicidios en el país más poblado de Centroamérica entre 1999 y 2006. Para entonces, la tasa anual de homicidios había alcanzado un máximo histórico de 43,6 asesinatos por cada 100 000 habitantes, lo que llevó a un relator de la ONU a lamentar que Guatemala fuera "un lugar indicado para cometer asesinatos, porque es casi seguro que el delito quedará impune".

El presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales, que inicialmente apoyó a la CICIG, hizo de su terminación una prioridad política en los últimos dos años. Un novato político famoso por sus shows de comedia en televisión, Morales asumió el cargo en 2015 ante una ola de indignación pública contra la clase política luego de la renuncia y arresto del entonces presidente Otto Pérez Molina por cargos de corrupción, en un caso de fraude aduanero presentado por la CICIG, por los cuales aún no ha sido juzgado.

Aunque el caso contra Pérez Molina ayudó a allanar el camino para su elección, Morales luego argumentó que la Comisión pisoteó la soberanía de la nación y rutinariamente sobrepasó su mandato. Su hostilidad se intensificó notablemente después de que la CICIG decidió investigarlo a él, a su hijo y a su hermano por fraude, malversación de fondos y financiamiento ilegal de su campaña en 2017. Aunque el Congreso de Guatemala se negó a levantar la inmunidad del presidente Morales en septiembre de 2017 (en efecto protegiéndolo de ser judicializado), y su hermano e hijo fueron absueltos recientemente, la relación de Morales con la CICIG se deterioró permanentemente. En agosto de 2017, Morales declaró al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, persona non grata. Luego, en 2018, anunció que el mandato de la Comisión, que cumplía su término en septiembre de 2019, no sería renovado. El cierre de la Comisión hoy marca el cumplimiento de esa promesa.

¿Cómo reaccionaron los EE. UU. y otros donantes?

Aunque la decisión de Morales de no renovar el mandato de la CICIG provocó revuelo a nivel nacional e internacional, EE. UU. (el principal donante de la Comisión con casi $45 millones de dólares en contribuciones) decidió no objetar. En septiembre de 2018, el grupo de donantes de la CICIG (conocido como el G13) emitió un comunicado lamentando la decisión del gobierno, el cual no fue firmado por EE. UU.

El cambio radical de EE. UU. respecto a la Comisión fue en parte producto de una efectiva campaña de influencia. Un intenso cabildeo en Washington liderado por políticos y empresarios guatemaltecos, alarmados por las investigaciones sobre las acusaciones de colusión entre compañías y líderes políticos, ayudó a que varios políticos estadounidenses se pusieran en contra de la Comisión. Acusaciones infundadas de que Moscú había infiltrado las investigaciones de la Comisión en 2015 en contra de la familia Bitkov, la cual llegó a Guatemala huyendo de la persecución rusa y luego fue acusada  de conseguir sus documentos de residencia por medios corruptos, ayudaron a dar fuerza a la campaña contra la CICIG en el Congreso de EE. UU.

Mientras tanto, el presidente Morales ganó el favor del gobierno de Trump al trasladar la embajada de Guatemala en Israel de Tel Aviv a Jerusalén en febrero de 2018, y alineándose con los esfuerzos de EE. UU. para deponer al presidente venezolano Nicolás Maduro. También cedió a la línea dura de Washington sobre el control de migración, firmando un acuerdo de “tercer país seguro” en julio de 2019. En caso de que sea ratificado por el Congreso de Guatemala, el acuerdo obligará a los solicitantes de asilo que transitan por Guatemala (provenientes en gran parte de otros países centroamericanos), a presentar sus solicitudes allí en lugar de EE. UU.

El presidente electo, el derechista Alejandro Giammattei, ya ha declarado que no revertirá la decisión de Morales. Él tiene sus propias rencillas con la CICIG, que ayudó a condenarlo y encarcelarlo en 2010 por su presunta participación en la ejecución de siete prisioneros cuando se desempeñaba como director del sistema penitenciario de Guatemala, por lo que luego fue exonerado. Pero la popularidad de la CICIG entre los donantes y el pueblo guatemalteco (el 70 por ciento de los cuales apoya a la Comisión), ha persuadido a Giammattei para que al menos prometa la creación de un organismo de reemplazo. Éste estaría financiado por el Estado y encabezado por tres comisionados guatemaltecos, para no solo judicializar a los corruptos, como hizo la CICIG, sino que, en sus palabras, “entrar a corregir el sistema que fomenta la corrupción”. Sigue habiendo dudas sobre la efectividad de un organismo completamente nuevo, tanto porque necesitaría de años para llegar a ser operativo, como lo hizo la CICIG, y porque los comisionados serían designados por el gobierno entrante, lo que genera interrogantes respecto a su independencia, a pesar de la promesa de Giammattei de garantizar un proceso de selección transparente e inclusivo.

¿La Comisión logró sus objetivos?

La CICIG logró progresos impresionantes, al desempeñar un papel central en numerosos procesos judiciales de alto perfil y en la reducción de la violencia en todo el país. Entre otras cosas, la CICIG dirigió reformas para la creación de un programa de protección de testigos, controles de armas más estrictos y la reglamentación de las órdenes judiciales para interceptaciones telefónicas. Estimuló el establecimiento de tribunales para delitos de alto riesgo, para así proteger la seguridad de las personas involucradas en la judicialización de delitos especialmente graves, y la creación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) adscrita al Ministerio Público. También capacitó a docenas de fiscales y oficiales de policía en técnicas científicas de investigación criminal, logrando notoriedad en 2010 al demostrar que una presunta víctima de asesinato que afirmó en un video ampliamente difundido que altos funcionarios, incluido el ex presidente Álvaro Colom, habían amenazado su vida, en realidad había planeado su propio asesinato en un acto de desesperación.

Cientos de investigaciones gestadas o apoyadas por la CICIG han disuelto exitosamente fraudes que involucraban a funcionarios prominentes, líderes empresariales, narcotraficantes, extorsionistas y pandillas. Su trabajo ayudó a expulsar a una docena de jueces corruptos y condujo a la destitución de 1 700 policías acusados de corrupción e incompetencia. Según la CICIG, los casos de homicidio sin resolver cayeron del 95 por ciento en 2009 al 72 por ciento en 2012.

Tal como Crisis Group reportó previamente, estos logros salvaron vidas. En los primeros siete años de operaciones de la Comisión, mientras que los vecinos y pares regionales del país experimentaron un aumento anual del 1 por ciento en promedio en las tasas de homicidio, Guatemala experimentó una disminución promedio del 5 por ciento, según cifras del Banco Mundial. En general, Crisis Group estima que la CICIG ha contribuido a una reducción neta de más de 4 500 homicidios entre 2007 y 2017.

¿Qué riesgos enfrenta Guatemala después de la salida de la CICIG?

El mayor peligro es que la impunidad por crímenes graves vuelva a aumentar, así como las tasas de asesinatos y la emigración.

Según un informe reciente de la CICIG, las redes criminales ya han comenzado a retomar técnicas para obstruir las investigaciones judiciales. Esto ha contribuido a un nuevo aumento en las tasas de impunidad, que regresaron al 94,2 por ciento para los casos de homicidio en 2018, lo que indica que las mejoras son frágiles y pueden erosionarse fácilmente a medida que disminuya el apoyo político. Si se hubiera renovado su mandato, la CICIG podría haber ayudado a contener la marea, ya que su presencia trajo consigo el respaldo de la ONU, EE. UU. y Europa en operaciones judiciales robustas y protección para los fiscales y magistrados guatemaltecos. A medida que se acercaba el fin de su mandato, las amenazas y ataques contra jueces de la Corte Constitucional ya se han incrementado. La Fiscal General Consuelo Porras se ha comprometido a consolidar el papel de la FECI, pero no ha confirmado si su fiscalía empleará a los muchos profesionales guatemaltecos que ya han acumulado una considerable experiencia trabajando para la Comisión.

Con la salida de la CICIG, funcionarios y políticos de alto nivel podrían sacar provecho de una menor supervisión, y recaer en patrones de corrupción y colusión estatal con el narcotráfico y otras organizaciones criminales que múltiples casos de la CICIG dejaron al descubierto. La violencia contra activistas de derechos sobre la tierra y otros activistas políticos, de la cual Guatemala ya reporta la tasa per cápita más alta en las Américas, podría empeorar. "Ya estamos comenzando a ver un estancamiento en la tendencia a largo plazo de reducción de homicidios", dijo un analista del Observatorio de Violencia de Guatemala.

Aunque muchos guatemaltecos ya intentan emigrar a EE. UU. por razones principalmente económicas, es probable que un aumento en la corrupción y la inseguridad acelere su huida hacia el norte, creando oportunidades para los delincuentes que se aprovechan de migrantes vulnerables a través de la extorsión, el tráfico de personas y la explotación sexual.

¿Qué importancia tiene el cierre de la CICIG para la región?

El cierre de la CICIG sienta un precedente alarmante. La Comisión tenía un mandato digno, mucho trabajo todavía por hacer y el apoyo del pueblo guatemalteco. Lo que le faltó, en los últimos años, fue apoyo suficiente de los EE. UU. La evaporación del apoyo de Washington envía un claro mensaje de que el gobierno de Trump está dispuesto a canjear la lucha contra la corrupción y la protección del Estado de Derecho a cambio de otros objetivos, incluidos restricciones de la migración y el respaldo para su política sobre Israel. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, podría sentirse tentado a seguir el ejemplo de Morales al considerar el destino de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (MACCIH), un organismo respaldado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato termina en enero de 2020. Aunque la embajada de EE. UU. en Tegucigalpa ha reiterado su apoyo a la MACCIH, también ha respaldado la solicitud del gobierno hondureño de que la OEA evalúe el trabajo del organismo antes de tomar una decisión final. Será muy importante que EE. UU. no repita la postura de indiferencia que condujo a la desaparición de la CICIG.

Al mismo tiempo, la CICIG deja atrás un conjunto de logros que otros en la región harían bien en imitar. Mientras que las campañas anticorrupción en otros países latinoamericanos, especialmente en Brasil, han enfrentado críticas por su presunto enfoque selectivo, prejuicios políticos y la incapacidad de abordar las condiciones que permiten el florecimiento de la corrupción y la impunidad, resulta mucho más difícil decir lo mismo de la CICIG. De hecho, ambos candidatos en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales en Guatemala enfrentaron investigaciones de la CICIG, y la excandidata Sandra Torres fue detenida el 2 de septiembre, acusada de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Al sacudir a la clase política, la Comisión disparó su impopularidad entre funcionarios de alto nivel, lo que aceleró su desaparición, pero también aseguró un legado al que futuros reformadores pueden acudir al asumir el trabajo que ésta se vio obligada a abandonar prematuramente.